Dentro de la ya conocida voracidad de algunas administraciones públicas tendentes a ya no privatizar y sí gestionar el servicio público de una manera indirecta se suelen producir situaciones como la que se ha dado en el recurso de casación 4444/2018 seguido en la sala de lo social del Tribunal Supremo.

El Supremo desestima un recurso de casación interpuesto frente a una sentencia del TSJ de Cataluña en la que se reconoce a una trabajadora el derecho a cobrar unos complementos retributivos que percibía mientras dependía de la llamada “administración madre”. Es decir, la pretensión de la administración recurrente era la del ahorro en salarios que en este caso el Supremo censura considerando que la sentencia del TSJ se ajusta a derecho y que la persona afectada fue discriminada frente al resto de trabajadores.